Tener a los alumnos españoles por debajo de la media europea es el fracaso de todos, no solo de los docentes. Es el fracaso más doloroso para una sociedad libre.

No pretendemos informar sobre los resultados del informe PISA 2018, están en todos los medios de prensa del día de ayer y del de hoy. Pretendemos provocar la reflexión en profundidad, la de todos, sobre el sistema educativo público en España. Hay puntos de inflexión: la evidencia de la diferencia entre las comunidades autónomas del norte y las del sur (pregunta obligada: si unas pueden obtener buenas notas por qué las otras no). La actitud de los profesores responsables de las «anomalías» en los resultados en la Comunidad de Madrid y Catalunya deja claro que intentaron manipularlos, pero sencillamente no hay comunicado oficial al respecto, lo que implica que tampoco habrá responsabilidades sobre los resultados dispares en la comprensión lectora. Con o sin anomalías la lectura es algo olvidado por muchas familias y docentes, y aspecto desconocido para muchos alumnos, así lo demuestra el Barómetro de Hábitos de Lectura y Compra de Libros en España 2018, según el cual  un 38,2 % de la población de España no lee nunca o casi nunca.

La educación pública es una verdad incómoda en nuestro país. Un país deteriorado por un sistema político históricamente ineficaz que cuando hay que recortar gastos siempre es la educación y la investigación el presupuesto de donde obtener dinero. La delegación de la gestión de la enseñanza a cada comunidad autónoma indica que no son las de mayor población y más presupuesto económico las que mejores resultados obtienen. Galicia, Castilla y León así como Asturias podrían explicar cómo con menos recursos han conseguido una educación de más eficacia que la de Madrid o Catalunya.

Los resultados académicos se desploman a la misma velocidad que aumenta el presupuesto en fabricación de armas y la consecuente venta internacional de las mismas según datos de la Dirección General de Comercio Exterior de Material de Defensa. Es curioso que España comparta un ranking de resultados académicos similar al ranking de los principales exportadores de armas del mundo, equiparable con países como EE. UU. y Rusia. El sector ocupa 55.861 empleos, el 80 % de los cuales están en Madrid y Andalucía.

Informe PISA 2018

"En matemáticas y ciencias, España está a la altura de países como Lituania, Hungría, Estados Unidos, Luxemburgo o Rusia"

La ley de causa y efecto tiene mucho que ver en estos resultados, no se puede mirar solo la educación, hay que ir más lejos y ver quién se beneficia de esta situación. Los resultados académicos nos indican qué calidad tenemos en nuestra población activa. Es evidente que somos un país de trabajadores víctimas del fracaso escolar y que el mercado laboral resultante se construye con base en esa realidad. Las empresas del IBEX necesitan mano de obra barata, sin bachillerato, si se puede elegir, y que puedan trabajar por salarios igual de bajos que los resultados académicos. Los estudiantes de hoy serán los trabajadores del mañana ligados a los contratos basura y a la precariedad laboral el resto de su vida activa.

Los resultados académicos nos indican qué calidad tenemos en nuestra población activa

Un mercado laboral con un 14,23 % de paro total constante del cual el 34,6 %  es de jóvenes menores de 25 años, según datos de la Encuesta de Población Activa que elabora el Instituto Nacional de Estadística (INE); ese es el efecto de un sistema educativo desmotivador y  basado en formas de aprendizaje obsoletas.

Ahora que se inicia un nuevo ciclo político en nuestro país es el momento de liberar a la educación de las decisiones políticas de una vez para siempre. La educación debe ser el Cuarto Poder después del Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, y el Poder Judicial; desde INÈDIT reclamamos la gestación del Poder Educativo: dar recursos a la enseñanza pero dejarla libre para que sean los docentes y estudiantes quienes construyan la educación del siglo XXI. La principal herramienta de la educación es el tiempo, no se pueden hacer cambios en el modelo cada cuatro años. Hay que dejar el tiempo y la confianza en manos de los docentes y no en manos políticas.

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