Un reciente informe publicado por Esade EcPol bajo el título «El coste de acceso a la escuela concertada en España: las cuotas que pagan las familias y sus causas», y que basa su análisis en datos del INE, arroja luz sobre la complejidad y la diversidad de este sector, así como sobre los desafíos que plantea en términos de igualdad de oportunidades y equidad.

Según el informe, alrededor del 30 % del alumnado español asiste a centros concertados, financiados con fondos públicos pero de propiedad privada. Este modelo, concebido para fomentar la libertad de enseñanza según lo establecido en el artículo 27 de la Constitución española, plantea dudas sobre el acceso equitativo a la educación.

Si bien las escuelas concertadas no deben cobrar cuotas obligatorias, entre un 81 y un 95 % del alumnado se ve obligado a pagar

Uno de los principales problemas identificados es la falta de gratuidad universal en la educación concertada. Aunque teóricamente se supone que estos centros no deben cobrar cuotas, en la práctica muchas familias se enfrentan a pagos significativos. Según el estudio, entre un 81 y un 95 % del alumnado paga cuotas, con una media anual que oscila entre 680 y 860 euros por alumno, dependiendo de la etapa educativa. Estas cuotas representan un gasto total que varía entre los 947 y los 1186 millones de euros para las etapas de Educación Infantil, Primaria y ESO.

Cataluña, Madrid y el País Vasco las comunidades con los colegios que cobran cuotas más elevadas

El análisis también revela disparidades significativas en el pago de cuotas según el nivel de ingresos de las familias. Mientras que el 20 % con menos recursos paga alrededor de 310 euros al año por alumno, el 20 % más rico desembolsa más de 1000 euros en cuotas. Además, la distribución geográfica de estas cuotas es desigual, concentrándose principalmente en Cataluña, Madrid y el País Vasco.

Por otro lado, se encontró que entre un 66 y un 75 % de los centros educativos concertados cobran cuotas, con una relación directa entre el cobro de cuotas y el resultado económico de los centros. Un 20 % de estos centros las utilizan para cubrir un déficit de financiación, mientras que otro 50 % las destina a gastos no concertados (servicios adicionales que no cubre la financiación pública). Sin embargo, un 30 % se encuentra en una situación de sobrefinanciación y cobran cuotas por diferenciación o beneficio económico.

No es la primera vez que se denuncian estas inequidades en la escuela concertada; CICAE (Confederación Española de Centros de Enseñanza) publica anualmente su propio informe sobre la misma cuestión que en su octava edición llega a conclusiones similares: entre un 81 y un 95 % del alumnado paga cuotas por educación obligatoria que no debería pagar; existen diferentes modelos de concertada, y unos colegios abusan con cuotas muy elevadas para su lucro, y otros colegios con la misma financiación pública no cobran a las familias. «Consideramos que el estudio presentado por Esade enriquece el debate público y confiamos en que desde las administraciones públicas se decida de una vez por todas poner soluciones para que este problema social no siga creciendo», expresan desde la entidad.

Un sistema que perpetúa la segregación

El informe de Esade también pone de manifiesto que la existencia de cuotas, junto a la menor escolarización de alumnado de renta baja e inmigrante en la concertada, aumenta la segregación escolar en España. Para garantizar la gratuidad y equidad en el acceso a la educación, el estudio propone diversas medidas:

• Un análisis detallado del coste por plaza escolar en ambos sectores.
• Mayor frecuencia en la recogida de datos sobre el gasto privado en educación.
• Auditoría de los gastos no concertados y las cuotas en centros sobrefinanciados.
• Mecanismos para eliminar los conciertos plenos en centros con cuotas elevadas.
• Supervisión y equiparación del coste del comedor escolar en ambos sectores.
• Regulación de las aportaciones por actividades complementarias.
• Implementación de «contratos-programa» para luchar contra la segregación escolar.

En última instancia, el estudio subraya la necesidad de políticas educativas que promuevan la igualdad de oportunidades y combatan la segregación escolar. Propuestas como la articulación de contratos-programa podrían incentivar a los centros públicos y concertados a adoptar estándares que fomenten la diversidad y la inclusión en el sistema educativo español.