La mala praxis y el mercantilismo del derecho fundamental a la educación en la mayoría de los centros concertados son sostenidos, protegidos y permitidos por la Alta Inspección Escolar del Gobierno de España y las consejerías de educación de las comunidades autónomas.
Se acaba de presentar el VII Estudio de Cuotas y Precios de colegios concertados, con datos referidos al curso escolar 2022-2023, mediante una rueda de prensa online en la que han intervenido la Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres del Alumnado (CEAPA), la Asociación de Colegios Privados e Independientes (CICAE), y la consultora Garlic B2B.
La metodología del estudio ha sido la del Mistery Shopper, por medio de familias reales que han solicitado información en los centros identificados en el informe. Un total de 326 centros educativos concertados, de 7 comunidades autónomas, conforman el universo de la muestra del estudio. La elección de centros se ha hecho mediante un muestreo aleatorio dentro del listado de los centros concertados que aparecen en las listas de los gobiernos de cada comunidad autónoma.
Principales conclusiones
- Carencia de transparencia en el proceso informativo, un 44 % de colegios no entrega ninguna hoja de precios a las familias. El 21 % de centros que han entregado dicha hoja de precios, lo hace sin logotipos ni identificación del mismo. Un 36 % de los colegios concertados no comentan directamente los precios y las familias deben de preguntarles sobre ellos en varias ocasiones. El 64 % de los colegios no menciona el carácter no lucrativo de las cuotas.
- Hermetismo y difícil accesibilidad a los colegios. La accesibilidad a los colegios ha sido difícil, en algunos casos, teniendo que llamar hasta en 10 ocasiones.
- Obligatoriedad de pago de cuotas por actividades voluntarias, enmascaradas en actividades curriculares dentro del horario escolar, en más de un 76 % de los centros concertados, lo que produce exclusión y marginación de los niños de familias que no aceptan pagar esas cuotas.
Análisis de la cuota mensual
En 9 de cada 10 colegios se cobra una cuota base, en el caso de Catalunya y Madrid es el 100 % de los colegios. El 46 % de los centros analizados en el estudio cobra una cuota de más de 100 euros a las familias. La cuota promedio más cara está en Catalunya (180 €), seguida de la comunidad de Madrid y el País Vasco.
Diferencia de cuotas entre comunidades
La cuota base más cara promedio está en los colegios visitados de Catalunya (271,19), llegando a los 923 € en un centro que ya ha sido noticia por ello en años anteriores. La cuota base promedio en Galicia durante el curso 2022-2023 es de 37,84 €, 42,26 € en Andalucía, y 73,55 € en la comunidad de Valencia.
En el caso de las aportaciones «voluntarias» familiares que se les exige, llegan a los 1500 € en el País Vasco.
Conceptos de cuotas confusos, pagadas a entidades privadas lucrativas
El concepto de «cuota voluntaria» recibe varios nombres: cuota, aportación, actividades complementarias y cuota para su proyecto educativo según el centro concertado. Este hecho confunde a las familias, y en el caso de las actividades complementarias, los colegios no dan opción a la voluntad siendo de marcada obligatoriedad. La mayoría de las asignaturas que se incluyen en el concepto de «actividades complementarias» resultan ser asignaturas curriculares como inglés, robótica, informática… con lo que las familias no pueden prescindir de esas actividades mal llamadas «complementarias».
Los colegios concertados crean paquetes, completos, atractivos e indivisibles dentro de esas actividades complementarias y en la información a las familias no detallan en qué horario se realizan, incluyendo estas actividades dentro de la jornada escolar, de 9:00 a 17:00. Una de las conclusiones del estudio identifica la obligatoriedad del pago de las «actividades complementarias» en el 76 % de los centros concertados estudiados, lo que produce un patrón de exclusión del alumno en el caso de que la familia no acepte pagar esas cuotas. Al alumno se le invita a abandonar el colegio en esas horas o a salir de la clase en la que se realizan, lo que produce una pérdida del tiempo lectivo escolar del alumno. La comunidad con mayor patrón de exclusión es la de Madrid, en la que en el 82 % de los casos no hay opción de voluntariedad.
Otro aspecto analizado ha sido la forma de denominarlo o el concepto utilizado por los colegios concertados, conocido como «de aportación voluntaria o donación», y es habitual realizar el pago a entidades mercantiles, en lugar de a entidades sin ánimo de lucro, como marca la ley de donaciones. El 60 % de los colegios concertados no identifican la voluntariedad de las cuotas en la entrevista informativa inicial con la familia. En Catalunya y el País Vasco la norma es no mencionar la voluntariedad de las cuotas, directamente se da por obligatoria.
Leticia Cardenal Salazar, vicepresidenta de CEAPA, reconoce que las familias están atónitas ante los resultados de este estudio y su reflexión es que las autoridades deben actuar para evitar la segregación del alumnado practicada con dinero público. Cardenal añade que supone una competencia desleal hacia la escuela pública.
Elena Cid, directora de CICAE, indica que estas medidas incumplen el artículo 88, sobre las garantías de gratuidad, de la LOMLOE, Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, donde se indica lo siguiente: «… en ningún caso podrán los centros públicos o privados concertados percibir cantidades de las familias por recibir las enseñanzas de carácter gratuito, imponer a las familias la obligación de hacer aportaciones a fundaciones o asociaciones ni establecer servicios obligatorios, asociados a las enseñanzas, que requieran aportación económica por parte de las familias de los alumnos…».
Según Elena Cid, la tendencia habitual en los últimos años ha sido que la escuela concertada haya ido incrementando sus cuotas año tras año sin entender por qué la inspección educativa del Gobierno y de las consejerías educativas de las comunidades autónomas no solo no actúan, sino que niegan las evidencias de que esto ocurra.
CEAPA propone crear un canal por medio del cual las familias puedan formular quejas y presentarlas al Defensor del Pueblo para que se actúe en consecuencia.
Lo extraordinario es que un estudio de estas características lo tengan que realizar asociaciones de familias y de centros privados independientes y no las administraciones educativas competentes en la materia.
Fuentes: imágenes extraidas del VII Estudio de Cuotas y Precios de colegios concertados, realizado por CICAE y CEAPA (2022).
