Editorial
El poder transformador de una gota de agua es conocido tanto cuando golpea en una superficie sólida, como cuando produce un rebote, o salpicadura, mayor que su propio tamaño. Algo parecido es lo ocurrido con el anuncio del adelanto del inicio del curso escolar en Catalunya, el pasado 10 de febrero de 2022. El anuncio realizado por el president de Catalunya, Pere Aragonés, y el conseller d’Educació, Josep Gonzàlez Cambray, ha tenido unas repercusiones que superan la naturaleza del hecho en sí mismo.
Los docentes en Catalunya llevan en constante tensión desde hace más de diez años, entre recortes, pagos de nóminas retrasados, nuevos decretos que han significado más cargas administrativas en el claustro, nuevas competencias y exigencias requeridas desde la propia profesión que tienen que adquirir por su cuenta, fuera de horas de trabajo… La realidad profesional de la educación exige que los docentes sean psicólogos, orientadores, logopedas, informáticos, diseñadores gráficos, community managers y, por último, profesores. Mientras, la administración educativa sigue considerándolos meros funcionarios que deben «acatar y cumplir» los mandatos legislativos.
«Acatar y cumplir» son dos palabras que no se usan en las aulas en estos tiempos de desarrollo del pensamiento crítico y de educación en ciudadanía
El día a día del docente de un centro público, indistintamente de la etapa educativa, es la difícil asunción de la tarea de realizar sueños posibles (Paulo Freire), construir potencialidades desde la falta de recursos y la masificación de alumnos que convierten a los centros educativos en espacios de aprendizaje gracias a la confianza del docente en sus propios recursos y en los de sus alumnos. Para aprender se requieren dos factores: espacio y tiempo. Espacios seguros, habilitados para la experimentación y la creación mediante la manipulación; tiempo de calidad, individualizado y personalizado a cada estilo de aprendizaje.
Administración educativa: buena intención, mala ejecución
Nadie duda de la buena intención del Departament d’Ensenyament, así como del propio Ministerio de Educación y Formación Profesional; cada cambio aplicado en educación ha sido un intento de acercar el sistema educativo local a las exigencias de la Unión Europea, en particular, y del mundo cambiante del siglo XXI, en general. Los equipos técnicos que asesoran a los políticos titulares de las carteras de Educación cada vez están mejor preparados y proceden de la práctica docente en el aula, y eso se nota.
La ruptura se produce entre la intención y la ejecución. Las maneras de llevar a la práctica las nuevas reformas son poco democráticas y alejadas del consenso y del trabajo asambleario que se desarrolla en los claustros de profesores y en los centros educativos. Y no solo es cuestión de las formas, también de una mirada esquiva a la realidad del estado de muchos centros educativos. Es complicado implementar la innovación educativa de la que se habla en el Departament d’Ensenyament cuando las carencias materiales y personales en algunos centros educativos son trágicamente reales.
Un ejemplo de reforma carente de forma y eficacia transversal es el anuncio realizado el 24 de febrero de 2022, de la reducción de la ratio alumno-profesor en la etapa de Infantil, en P3. A partir del próximo curso, 2022-2023, veinte alumnos por clase será el máximo permitido en Catalunya, solo en P3, pero el problema es que la medida tardará ocho años en llegar a la etapa de Secundaria, donde la complejidad de las materias agradece una enseñanza en grupos reducidos. La intención es buena, pero la ejecución ineficaz a corto plazo.
La política educativa y la práctica docente tienen objetivos alejados
Mientras que la política educativa desarrolla los currículos y describe con precisión quirúrgica lo que tiene que impartir el docente y los aprendizajes a evaluar de los alumnos con el objetivo de fabricar ciudadanos integrados con capacidad de voto, que es la máxima interpretación de libertad ciudadana, por su parte los docentes, gracias a la libertad de proyecto del centro, imparten las competencias a adquirir por los alumnos que les permitan aflorar la persona que quieran llegar a ser. El objetivo del profesor es el desarrollo del alumno, el objetivo del sistema educativo es la pervivencia del sistema político que lo sostiene.
La administración educativa exige la figura de «autoridad» del docente (Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación) pero no promueve el respeto al no cumplir el texto escrito en esa misma ley: «de mejorar las condiciones en que el profesorado realiza su trabajo… y estimular una creciente consideración y reconocimiento social de la función docente». El conseller d’Ensenyament ha denostado la imagen pública de los docentes acrecentando la falsa creencia de que los docentes disfrutan de las mismas vacaciones de verano que los alumnos y que un curso escolar se prepara en dos días, lo que menosprecia el sistema educativo de Catalunya en sí mismo.
Sin duda, el honorable senyor conseller Josep Gonzàlez Cambray ha comenzado su cargo con mal pie y desde INÈDIT Educación le recomendamos que lea a Chang Tzu, quien aconseja lo siguiente:
Empieza correctamente y estarás en calma. Continúa con calma y estarás en lo correcto.
Imagen: Agencia EFE.
