C1 de Català, la paradoja de la desprotección de la lengua

Catalunya presume de proteger su lengua, pero menosprecia el valor de su acreditación

El catalán pierde presencia en Catalunya pese al aumento de personas que conocen la lengua

El retroceso del catalán como lengua habitual en Catalunya plantea una paradoja sobre la eficacia de las políticas educativas y lingüísticas desarrolladas durante las últimas décadas. Según la Encuesta de Usos Lingüísticos de la Población 2023, elaborada por el Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat) y el Departament de Política Lingüística, el porcentaje de personas que utilizan exclusivamente el catalán como lengua habitual descendió del 36,1 % en 2018 al 32,6 % en 2023, una caída de 3,5 puntos porcentuales. Entre los jóvenes de 15 a 29 años, ese porcentaje se sitúa en el 29,2 %, mientras que el castellano es la lengua habitual exclusiva del 50,1 %. Sin embargo, durante ese mismo periodo, Catalunya incorporó 267.600 personas mayores de 15 años que declaraban conocer el catalán. Los resultados muestran, además, un crecimiento de los usos bilingües y combinados, por lo que no puede afirmarse que todos los indicadores evolucionen negativamente. El problema de fondo es otro: aumentar el conocimiento de una lengua no garantiza que aumente su utilización cotidiana.

Estos resultados adquieren especial relevancia cuando se examina el sistema de acreditación lingüística. Catalunya permite reconocer administrativamente el nivel C1 de catalán mediante determinadas titulaciones escolares, sin necesidad de superar una prueba externa específica de ese nivel. La medida, vinculada históricamente al proceso de normalización lingüística, genera hoy un debate sobre la correspondencia entre las competencias adquiridas y las acreditaciones expedidas. La cuestión no es menor: el C1 representa un dominio avanzado de la lengua, que incluye la capacidad de comprender textos complejos, argumentar con fluidez y expresarse con precisión en contextos académicos y profesionales. En una sociedad donde el uso habitual del catalán retrocede proporcionalmente, cabe preguntarse si el reconocimiento de ese nivel mediante la escolarización constituye una garantía suficiente de competencia lingüística y qué efectos tiene sobre la credibilidad de sus certificaciones.

Un C1 por escolarización y otro por examen: la división generacional

La normativa catalana establece una diferencia administrativa entre quienes pueden acreditar el nivel avanzado mediante sus estudios y quienes deben recurrir a otras vías. El procedimiento de reconocimiento por escolarización contempla a las personas nacidas a partir de 1972, siempre que cumplan determinados requisitos académicos. La fecha responde a un criterio histórico: el curso 1978-1979 marcó la incorporación oficial de la enseñanza del catalán al sistema educativo de Catalunya. Sin embargo, ese límite también excluye de esta vía a generaciones anteriores que cursaron sus estudios en territorio catalán y que pueden haber utilizado el catalán durante toda su vida familiar, académica o profesional. Esas personas deben disponer de otra titulación reconocida o superar una prueba específica para obtener la acreditación correspondiente.

La tasa ordinaria del examen C1 de Política Lingüística en 2026 es de 57,45 euros, con bonificaciones y exenciones, mientras que el trámite de reconocimiento por escolarización es gratuito.

La contradicción puede resultar especialmente llamativa en el ámbito educativo. Un profesor de primaria o secundaria nacido antes de 1972, escolarizado en Catalunya y con una larga trayectoria docente, podría encontrarse en la situación de tener que acreditar formalmente el C1 para acceder a determinados procedimientos de selección, si no dispone de alguna de las titulaciones o certificaciones equivalentes admitidas. Incluso podría tratarse de un docente que hubiera impartido lengua catalana durante años. Mientras tanto, algunos de sus antiguos alumnos pueden obtener la acreditación mediante sus titulaciones escolares, sin realizar una prueba C1 independiente. El ejemplo ilustra una diferencia de trato administrativo que merece ser examinada. La experiencia profesional y el conocimiento efectivo de una lengua no siempre se traducen en el mismo reconocimiento documental que una trayectoria escolar posterior a 1972.

A la desigualdad en las vías de acreditación se suman sus consecuencias prácticas. Quien necesita superar una prueba específica debe adaptarse a los calendarios de convocatoria, preparar las competencias evaluadas y asumir las tasas correspondientes, además de los posibles gastos de formación y desplazamiento. Por el contrario, quien cumple las condiciones de reconocimiento por escolarización puede obtener la acreditación mediante la documentación académica exigida, sin someterse al mismo procedimiento. La diferencia tiene particular importancia cuando el C1 constituye un requisito para acceder a determinados puestos de trabajo, oposiciones o procedimientos administrativos. La cuestión jurídica consiste en determinar si el criterio histórico que justifica la norma sigue ofreciendo un equilibrio adecuado entre reconocimiento educativo, igualdad de oportunidades y garantías de competencia lingüística.

España, Francia e Inglaterra: reconocer los estudios no equivale a conceder un C1

La comparación con otros sistemas educativos europeos permite comprender mejor la singularidad del modelo catalán. En España, superar la Educación Secundaria Obligatoria puede permitir obtener una dispensa de las pruebas DELE A2 de español y CCSE de conocimientos constitucionales y socioculturales exigidas en determinados procedimientos de nacionalidad por residencia, siempre que se cumplan las condiciones establecidas. El Estado reconoce así que los estudios reglados pueden acreditar conocimientos suficientes para una finalidad jurídica concreta. Sin embargo, esa dispensa no otorga automáticamente un diploma DELE C1 de español, que constituye una certificación lingüística independiente, expedida por el Instituto Cervantes mediante sus procedimientos oficiales de evaluación.

Francia establece igualmente una distinción entre sus titulaciones escolares y las certificaciones de competencia lingüística. La superación de la enseñanza secundaria francesa no concede automáticamente un DALF C1, diploma oficial que exige demostrar el nivel correspondiente mediante una evaluación específica. En Inglaterra, las cualificaciones escolares como el GCSE English Language certifican aprendizajes curriculares, pero tampoco equivalen, de forma general y automática, a una acreditación C1 del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas. Son sistemas con finalidades y estructuras diferentes, que no pueden compararse sin considerar sus particularidades. No obstante, comparten una distinción relevante: el reconocimiento de una trayectoria educativa no se transforma necesariamente en una certificación lingüística avanzada válida para otros procedimientos.

En Catalunya, se puede acreditar el C1 de catalán al terminar la ESO si se cumplen los requisitos escolares. En la Comunitat Valenciana, se reconoce al aprobar valenciano en los dos cursos de Bachillerato con una media mínima de 7. En Baleares, la ESO permite obtener un B1 o un B2, según la nota. Para alcanzar el C1 por esta vía, hay que terminar Bachillerato y obtener al menos un 7 en catalán de segundo. Este mínimo se aplica desde el curso 2025–2026; anteriormente se exigía un 8.

La comparación abre una cuestión sobre la política lingüística catalana. ¿Por qué reconocer administrativamente un nivel avanzado a partir de una trayectoria escolar cuando existen pruebas específicas destinadas a verificar precisamente esas competencias? La escolarización prolongada constituye una base importante para aprender una lengua, pero no garantiza por sí misma que todas las personas alcancen idéntico dominio oral y escrito. Tampoco hay pruebas suficientes para afirmar que la obtención del C1 mediante la ESO provoque una pérdida de motivación entre los estudiantes. Esa hipótesis debería contrastarse mediante investigaciones que relacionen las formas de acreditación con los resultados educativos y los hábitos lingüísticos. Lo que sí puede cuestionarse es si una acreditación avanzada ofrece información suficientemente fiable cuando se obtiene mediante procedimientos de evaluación diferentes.

El profesorado reclama una revisión del sistema

El malestar se ha hecho visible con la iniciativa de DocentsCAT, una plataforma integrada por unos 800 profesores, que cuestiona que el reconocimiento actual garantice que todos los estudiantes poseen las competencias correspondientes al C1. El colectivo ha impulsado una propuesta de evaluación externa para alumnos de cuarto de ESO, con el objetivo de comprobar el nivel real de comprensión y expresión lingüística. El sindicato Professors de Secundària también ha planteado modificaciones, entre ellas condicionar el reconocimiento del C1 a la finalización del bachillerato con una calificación mínima y establecer pruebas externas para otros niveles. Estas reivindicaciones expresan una preocupación profesional sobre la calidad de la enseñanza y la fiabilidad de las certificaciones.

El debate exige determinar qué competencias alcanza realmente el alumnado, qué valor tiene la evaluación continuada durante la escolarización y cuáles serían las consecuencias pedagógicas y administrativas de exigir una prueba externa adicional. También requiere examinar los efectos de la normativa sobre las generaciones anteriores y valorar si existen procedimientos suficientemente equitativos para reconocer conocimientos adquiridos durante trayectorias académicas y profesionales distintas. La cuestión no consiste en cuestionar la necesidad de proteger el catalán, sino en evaluar si los instrumentos utilizados son adecuados para promover su aprendizaje, acreditar su dominio y estimular su uso social.

Una lengua también se protege valorando su conocimiento

Una lengua que no valora con rigor su propio conocimiento difícilmente puede aspirar a convertirse en la lengua habitual de los patios escolares