Imagen cabecera: foto distorsionada de Jennifer Crumbley y James Crumbley con su abogada, en medio. CBS Detroit, WWMT.

La responsabilidad parental ocurre cuando se responsabiliza legalmente a los padres de las actividades ilegales de sus hijos.

Los sistemas legales en todo el mundo se esfuerzan por implicar a los padres en la prevención del comportamiento delictivo de sus hijos y asegurar que se hagan responsables, en cierta medida, de las acciones de sus hijos menores de edad.

Una sentencia condenatoria a los padres que ha hecho historia en la jurisprudencia

El pasado 9 de abril de 2024, en los juzgados de Cheryl (Michigan), una sentencia condenatoria ha hecho historia en la jurisprudencia sobre hasta dónde llega la responsabilidad parental por las acciones ilegales de sus hijos. El matrimonio Crumbley fue condenado con la pena máxima de 10 a 15 años de prisión, respectivamente, por homicidio involuntario. La sentencia fue el resultado de haber sido considerados culpables de no haber visto señales en el comportamiento de su hijo, es decir, de negligencia parental, según la sentencia y los testigos, circunstancia que hubiera evitado la desgracia y por la que ambos progenitores han sido considerados culpables de homicidio involuntario por ser padre y madre de su hijo adolescente, el cual mató a tiros a cuatro compañeros de clase. Los padres habían permitido que el menor tuviera armas de fuego y no supieron ver riesgo de violencia en ello. Es algo habitual en Estados Unidos, a pesar de que las leyes sobre la posesión y el uso de armas de fuego por parte de menores varían, significativamente, según cada estado. La Ley Federal de Control de Armas de 1968 establece la edad mínima para la compra de armas en los 18 años, siendo 21 años la edad para la compra de armas cortas y de mano. Existen excepciones respecto a las armas de caza, por las que los menores pueden disparar y utilizar rifles y escopetas de caza bajo la supervisión de un adulto. No obstante, administrativamente existe el Parent Consent en algunos estados, por el que se permite a los menores la tenencia y el uso de armas con el consentimiento parental adecuado. Algunos estados, como Florida y California, han elevado a 21 años la edad en la que se permite la tenencia y compra de armas.  

La sentencia fue el resultado de haber sido considerados culpables por no haber visto señales en el comportamiento de su hijo

El juicio del matrimonio Crumbley ha sido televisado y especialmente duro cuando han intervenido los padres de los adolescentes asesinados por el hijo de los Crumbley. Los padres de las víctimas miraron a la madre acusada y le preguntaron directamente si no había nada de lo que se arrepintiera o algo que cambiaría como madre en la crianza de su hijo. Los acusados, juzgados por separado, respondieron con una negación a la pregunta y afirmaron que no había ninguna señal que les advirtiera que su hijo fuera a cometer un acto criminal de tal envergadura. La señora Crumbley, de 45 años, declaró considerarse una madre normal, cariñosa y atenta hacia su hijo.

Menores sentenciados como adultos

Ethan, el hijo del matrimonio Crumbley, tenía 15 años en el momento del tiroteo en la Oxford High School, una escuela de secundaria en la que disparó contras sus compañeros con una pistola semiautomática. Se declaró culpable de los cuatro asesinatos y fue juzgado como adulto y sentenciado a cadena perpetua sin libertad condicional, en diciembre de 2022. Sin duda, fue una sentencia poco habitual, pero no fue la primera ni la única a nivel de jurisprudencia internacional.

En España, los menores de edad, en particular los que tienen entre 14 y 17 años, son juzgados bajo la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, que prioriza el enfoque de la rehabilitación y reintegración para menores que difiere del sistema penitencial para adultos

En Estados Unidos, en 2001, el caso de Lionel Tate, de 12 años, conmocionó a la opinión pública porque fue sentenciado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional en Florida por el asesinato de Tiffany Eunick, una niña de 6 años. En 1994, Eric Smith, de 13 años, fue condenado como adulto a cadena perpetua por el asesinato de Derrick Robie, un niño de 4 años, en Nueva York. Eric Smith golpeó y estranguló a Robie y fue un caso impactante por la extrema violencia del delito perpetrado.

En el Reino Unido, el caso más conocido es el de James Bulger, en 1993, secuestrado, violado y quemado con tan solo 2 años en Liverpool, por Jon Venables y Robert Thompson, ambos de 10 años. En 2001, se les otorgó la libertad condicional y se les han proporcionado nuevas identidades para evitar represalias.

Existen más casos en Australia, Sudáfrica y Canadá de menores juzgados como adultos por cometer delitos graves contra otros menores. En los países de la Unión Europea, las leyes protegen al menor y su derecho a cometer delitos sin que afecte a su vida adulta, por lo que en ocasiones los expedientes delictivos de los menores se limpian para que puedan incorporarse a una vida adulta sin antecedentes penales.

Responsabilidad parental y delitos perpetrados por menores en España

En España, los menores de edad, en particular los que tienen entre 14 y 17 años, son juzgados bajo la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, que prioriza el enfoque de la rehabilitación y reintegración para menores que difiere del sistema penitencial para adultos.

La comunidad que más sentencias emite contra los padres por daños causados por los hijos menores es el País Vasco, donde existen varias sentencias contra padres condenados a pagar indemnización económica por los daños causados en actos vandálicos. En estos casos, el tribunal considera que los padres no han ejercido adecuadamente su deber de vigilancia y educación sobre sus hijos para evitar conductas perjudiciales hacia terceros. No obstante, en España los casos de menores perpetradores de actos de asesinato graves más conocidos son los de Sandra Palo (2003), en el que cuatro jóvenes, uno de ellos menor de edad, secuestraron, violaron y asesinaron brutalmente a Sandra Palo, una joven de 22 años de edad. El menor implicado, conocido como «el Rafita», fue juzgado por la Ley de Responsabilidad Penal del Menor (LRPM) y recibió la máxima pena permitida para un menor: ocho años de internamiento y cinco años de libertad vigilada. Otro caso famoso es el de Marta del Castillo (2009): en la desaparición de esta joven de 17 años varios implicados eran menores de edad en el momento del crimen. Javier García Marín, «el Cuco», tenía 15 años y fue juzgado bajo la LRPM y sentenciado a tres años de internamiento y dos de libertad vigilada, lo que causó indignación pública por considerar la sentencia como leve en comparación con la gravedad del crimen. Fue el primer caso en España que ha planteado la revisión de la legislación sobre menores.

El caso de la sentencia sobre el matrimonio Crumbley no deja indiferente a nadie y genera un debate sobre cómo establecer los límites de la responsabilidad de los padres por las acciones de los hijos. Sin duda, hay un punto intermedio entre no penalizar la negligencia parental y una condena de cárcel durante más de diez años.

Fuentes:

BOE (2023). Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores. https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2000-641

El-Bawab, N. (2024). «Jennifer and James Crumbley, parents of Michigan School Shooter, sentenced to 10 to 15 years for manslaughter». ABC News. https://goo.su/jMqLoJ