Artículo de opinión personal

Pocos días han pasado desde el Día Internacional de la Libertad de Prensa (3 de mayo), comparto ahora un arrebato de necesidad de aire fresco periodístico después de sufrir el sobreimpacto de liturgia monárquica del fin de semana pasado. Por más que intenté evitar los medios televisivos convencionales, no he salido virgen del evento globalizado de la ceremonia de coronación del hijo de Isabel II del Reino Unido, exmarido de lady Di, creo que le llaman Charles de vez en cuando, y tercero no sé por qué, ya que mi dislexia-discalculia me lleva a confundir los números ordinales. Por cierto, otra incómoda casualidad es que tiene nombre de brandi español, intenso, brillante y afrutado, rasgos evaporados del cuerpo del monarca recién coronado.

¡Dios salve al rey y a los 14,5 millones de personas que viven por debajo del umbral de pobreza en el Reino Unido!

El espectáculo roza la indecencia humanitaria, en mi indagación de las estadísticas sobre índices de pobreza en el Reino Unido salta a la vista la incomodidad de las cifras que aparecen: 14,5 millones de personas viven en hogares por debajo del umbral de pobreza en el reino del majestuoso Carlos. A pesar de la falta de transparencia democrática al no hacer públicos los costes totales de la ceremonia, la cadena pública de noticias británicas (BBC) ha mencionado una cifra que va de 57 a 114 millones de euros. El margen de error es del 50 %, nada mal cuando hablamos de presupuestos de un Estado. La hipocresía supera los límites de la matemática al decir que la corona británica paga impuestos, lo que parece democrático y normal; no obstante, lo hace con dinero público: lo llaman subvención soberana, que es dinero público que percibe la institución para cubrir los deberes oficiales de la monarquía. ¡Los miembros de la monarquía británica son lo que son, pero sin duda alguna no son idiotas! A fool and his money are soon parted, ellos dan sentido a esa expresión popular inglesa que dice que un tonto y su dinero nunca están juntos. Porque ellos no son tontos y tampoco se alejan de su dinero, que a pesar de encarnar una institución pública su dinero es suyo y de nadie más. Otro contrasentido democrático que suele obviarse.

Las monarquías son una violación supranacional consentida del artículo 1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos

Todo este arrebato me surgió al ver el listado de los ODS (Objetivos de Desarrollo Sostenible) marcados por la Agenda 2030 de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), algo que han aceptado todos los países, empresas y ciudadanos del mundo que se consideren personas de bien. El objetivo n.º cinco (ODS 5) habla de la igualdad de género… ¡qué bien que solo se focalizan en eso: el género! ¿Cómo vamos a hablar de igualdad de todas las personas cuando se reconocen a unas personas como mejores que otras por su nacimiento? La existencia de monarquías en pleno siglo XXI es una bofetada a la ciencia genética, a la biología y a cualquier saber básico, pero por encima de todo, las monarquías son una violación supranacional consentida del artículo 1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos (1948): «Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros».

Llama la atención que los ODS hayan sido desarrollados por la misma entidad supranacional que redactó los derechos humanos: la ONU. Me pregunto si será sutileza el juego de palabras con que acompañan a la igualdad o un simple error tipográfico. La política globalizada habla con precisión estilística de derechos, pero no de igualdad. Derecho a la educación, derecho al trabajo… pero jamás derecho a ser igual que un rey o una reina. Los que bregamos en entornos educativos y administraciones públicas estamos sobreinformados al respeto del desarrollo de competencias para la construcción de ciudadanos con espíritu crítico y activo. Pero, ¿cómo responderá un profesor si un alumno le pregunta por qué ha sido coronado Charles III y no cualquier otra persona? Si la intención auténtica de los Estados es formar personas con espíritu crítico, ¿quién votará dentro de veinte años y quién saldrá a bendecir las futuras coronaciones que nos deparan los años venideros?