La Asociación de Colegios Privados e Independientes – CICAE y la Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres del Alumnado (CEAPA) han hecho públicos los resultados del 8º Estudio de Cuotas y Precios de Colegios Concertados, con datos del curso escolar 2023-2024. Con el objetivo de conocer la información que los colegios concertados dan a las familias cuando van a matricular a sus hijos en cuanto a precios, la consultora Garlic B2B, encargada de este estudio, ha analizado el caso de 330 colegios concertados distribuidos por todo el territorio español, concluyendo que el 87 % de los 330 colegios concertados investigados cobran una cuota base mensual en enseñanzas obligatorias, en contra de la Ley Orgánica de Derecho a la Educación, de lo establecido por la LOMLOE y de sus diferentes desarrollos autonómicos.
El 87 % de los 330 colegios concertados investigados cobran una cuota base mensual en enseñanzas obligatorias, en contra de la Ley Orgánica de Derecho a la Educación, de lo establecido por la LOMLOE y de sus diferentes desarrollos autonómicos
Con la metodología del Mistery Shopper, que consiste en simular ser padres que van a matricular a un hijo/a en segundo de primaria, han obtenido información objetiva y real de las tarifas que en muchos casos se obliga a pagar a las familias para que sus hijos puedan recibir la educación obligatoria básica que les corresponde por derecho. La consultora Garlic B2B ha reconocido que una de las mayores dificultades que ha encontrado para realizar la investigación es la “insistencia que se requiere para que los colegios concertados informen y entreguen documentación precisa a las familias sobre lo que cobran y en concepto de qué”, comenta Amparo Núñez.
Y es que, los colegios concertados firman un acuerdo con el gobierno para cofinanciar la educación de los niños y niñas que en ellos se matriculan, y que implica garantizar el acceso gratuito de todos sus alumnos a la educación básica obligatoria, pues estos centros reciben una asignación de fondos públicos destinados a este fin. Esto se deja bien claro en el artículo 88 de la LODE (Ley Orgánica del Derecho a la Educación) al disponer que “en ningún caso podrán los centros públicos o privados concertados percibir cantidades de las familias por recibir las enseñanzas de carácter gratuito, imponer a las familias la obligación de hacer aportaciones a fundaciones o asociaciones ni establecer servicios obligatorios, asociados a las enseñanzas, que requieran aportación económica por parte de las familias de los alumnos”.
Sin embargo, las conclusiones del informe presentado ponen de manifiesto el incumplimiento reiterado de la Ley de educación (LOMLOE) año tras año, por parte de la mayoría de colegios concertados, al establecer como requisito de acceso el pago de unas cuotas mensuales (concretamente, en 9 de cada 10 casos), excluyendo con ello a parte del alumnado.
Un 39% de los colegios no entrega una hoja de precios a las familias ni plantea esta cuestión de manera espontánea en la primera conversación hasta que las propias familias pregunten por ello expresamente
Lo que viene a poner de relieve este octavo informe es la desprotección de las familias frente a un “sistema opaco” en el que la transparencia brilla por su ausencia, y en el que la información sobre el desglose de precios que se le da a las familias es insuficiente o totalmente inexistente. De hecho, un 39% de los colegios no entrega una hoja de precios a las familias ni plantea esta cuestión de manera espontánea en la primera conversación hasta que las propias familias pregunten por ello expresamente, y en aquellos casos en los que sí entregan hoja de precios (el 15%) en ella no se detalla lo que cubre la cuota base.
además, el 26% no facilita los precios de las etapas superiores, un aspecto decisivo y necesario puesto que a medida que aumenta el nivel los precios también se incrementan. Aún más grave es el hecho de no indicar los conceptos por los que se cobran dichas cuotas, una práctica muy extendida que permite a estos centros cometer irregularidades como realizar actividades complementarias en horario escolar, algo totalmente ilegal y que aun así en la totalidad de colegios consultados se hace, proporcionando a las familias solo la información mínima en la mayoría de casos; es decir, nombre de las actividades y horarios.
Los colegios concertados programan las actividades complementarias en horario escolar contraviniendo con ello la ley
Así, el 61% coloca estas actividades al mediodía, (de 12:00 a 14:00h), el 14% a primera hora, el 11% por la tarde (de 14:00h a 16:00h), y el 14% restante no lo especifica. Con actividades complementarias se hace referencia a asignaturas curriculares como inglés, robótica, música, talleres de informática, o natación. Para la directora general de CICAE, Elena Cid, es inadmisible que las Administraciones Públicas “permitan el incumplimiento normativo y no pongan freno a estas prácticas, conocidas por toda la sociedad.
Concepto utilizados para encubrir cuotas que no cumplen la normativa
A la directiva le resulta grave “cómo el sistema de conciertos se está desvirtuando, pues cuando se crearon nunca se pensó en que fueran entidades mercantiles lucrativas, tienen todos los gastos de funcionamiento cubiertos por la administración y en ocasiones exigen donaciones, aportaciones voluntarias, pago por actividades complementarias o complementos formativos, cuando la realidad es que las familias están soportando un copago por enseñanzas obligatorias”.
Algunos alumnos pueden verse privados de cursar materias troncales como geografía, cálculo o inglés por no pagar la cuota
Al tratarse de colegios concertados, hay parte del alumnado derivado a estos colegios, bien por cercanía bien por no disponer de plaza en un colegio público. Muchas son las familias que no pueden permitirse el pago de estas cuotas o que hacen un esfuerzo muy grande para cumplir (desde 2.000 € hasta 10.000 € anuales por hijo) y cuyos hijos e hijas sufren la segregación y exclusión de estas actividades complementarias. De hecho, como explica Amparo Núñez de la consultora Garlic B2B, “en cursos superiores pueden verse privados de cursar materias troncales como geografía, cálculo o inglés”. se han detectado un 16% de casos de exclusión en el supuesto de que una familia no pueda o quiera hacer frente a esta cuota, alcanzando el 36 % en la Comunidad de Madrid.
Leticia Cardenal, vicepresidenta de CEAPA, ha expresado su preocupación por estas familias que se ven obligadas a pagar unas cuotas elevadas, por complementos, actividades complementarias, en horario escolar o por seguros escolares: “la administración no debe dejar desprotegidas a esas familias”, ha reclamado.
Cataluña, País Vasco y Madrid, las comunidades con las cuotas más elevadas
Según se resalta en el informe, “se ha normalizado la sistemática de subir cuotas a las familias”, siendo algo totalmente contrario a la ley. Tan solo el último año los precios han experimentado un aumento de 85€, y la tendencia es al alza, algo especialmente impactante en comunidades en las que el 100% de los colegios cobran cuota (Madrid, Cataluña y País Vasco). Precisamente, en estas comunidades es donde encontramos los precios más elevados, con cuotas promedio mensuales de 214,5€ en Cataluña, 129,1 € en Madrid, y 99,6 € en País Vasco.
Al respecto, Cardenal ha declarado que “nos llama especialmente la atención que, año tras año, no solo no se rebajen las cuotas, sino que sigan subiendo a pesar del enorme esfuerzo que supone para las familias. Y todo ello con la pasividad de las administraciones, que siguen sin hacer nada para evitar que los colegios que reciben dinero público se sigan lucrando a costa de las familias. Hablamos de colegios en los que prima el negocio por encima del proyecto educativo, y eso va en perjuicio de la educación y del propio alumnado”.
Cuota, actividades complementarias o aportación; todas son lo mismo
En referencia a este pago, en el estudio se detalla que tiene varias denominaciones según la Comunidad Autónoma; en Cataluña o País Vasco se le denomina “cuota”, lo que va ligado a la obligatoriedad en estas comunidades, mientras que en Madrid se le llama “actividades complementarias”, excluyendo de algunas clases a aquellos alumnos cuyas familias no hayan podido o querido pagar. Por su parte, en Murcia, Aragón y Andalucía se le denomina “aportación”, lo que remarca su carácter voluntario, pero que muchas veces es impuesto con comentarios como: “todas las familias pagan”, “sin estas aportaciones no podemos seguir con la actividad en el centro”, o “ponemos el voluntario porque es un colegio concertado pero hay que pagar”.
Elena Cid ha realizado un llamamiento a las Administraciones Públicas para que garanticen el cumplimiento normativo, “se está produciendo una competencia desleal para la escuela pública, la concertada tradicional que cumple con su compromiso de gratuidad y para los colegios privados”. Para ello, cree que el primer paso es que “no se autorice a los colegios a cobrar cuotas, que rindan cuentas, ya que reciben importantes subvenciones, y que su sistema de financiación sea transparente para toda la sociedad”.
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